Llevamos más de un año de gobierno del PP, tiempo suficiente para comprobar los planes que la derecha tenía para este país pero que ocultó en campaña electoral. A la derecha le ha sobrado tiempo para desmontar los pilares básicos del Estado del Bienestar: la Justicia, la Sanidad, los Servicios Sociales y la Educación. Para justificar todos los recortes, que ellos llaman reformas, se han amparado en la situación económica, siendo ésta la excusa perfecta para imponer su credo ideológico y económico en los servicios públicos.
A uno de estos pilares básicos, como es la educación, le ha tocado sufrir a Wert, un nefasto Ministro que no ha hecho otra cosa que poner en marcha una contrarreforma del sistema educativo que ha ido empeorando según iban triunfando las tesis del sector más ultraderechista del PP y de la Iglesia católica. Y es que cuando una reforma cambia los principios de equidad, inclusión y cohesión social por los de competitividad, movilidad social y empleabilidad deja de ser una reforma y se convierte en una contrarreforma.
El ministro Wert nos plantea una reforma de ley rechazada por la comunidad educativa que sólo persigue la excelencia como camino a una mayor competitividad y a una mercantilización de la educación. Introduce las reválidas como fórmula para segregar a los y las estudiantes, las pruebas externas realizadas a nivel nacional -lo que equivale a una desautorización del profesorado cuyas calificaciones se ponen en tela de juicio-, financia con dinero público los centros que segregan por sexo en sus aulas, vuelve a dar más peso a la religión en las escuelas y adelanta la elección de itinerarios en la ESO, lo que contribuye, al igual que las reválidas, a segregar de manera temprana y por tanto a excluir de conocimientos básicos y comunes a muchas personas. Todo esto no es una reforma, es un cambio de modelo educativo que persigue, tomado como modelo la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre, acabar con la educación pública y universal potenciando la educación privada.
En este marco de un retorno a la educación de los años 70, la semana pasada tuvimos alguna buena noticia con respecto a la LOMCE. La Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado llegó a un acuerdo con el Ministro de Educación para que en la Ley se incluya finalmente a la lengua asturiana como asignatura de oferta obligada, ya que en el planteamiento de Wert esta asignatura no estaba dentro de la oferta obligatoria. La medida se acoge positivamente no sólo porque “la Llingua” es un patrimonio de la ciudadanía de Asturias y ésta tiene el derecho a poder cursar dicha asignatura, sino también porque estaban en juego puestos de trabajo de profesorado.
Además de esta reforma ideológica de la Ley de Educación, el Gobierno está llevando a cabo unas políticas contra los/as estudiantes en lo relativo a tasas y becas nunca antes desarrolladas en nuestro país. En Asturias ha tenido que ser el Gobierno Socialista de Javier Fernández el que ha puesto cordura aplicando políticas en favor de los y las estudiantes, que seguro han contribuido a que cientos de asturianas y asturianos no se queden excluidos de nuestro sistema educativo, congelando las tasas universitarias y manteniendo las ayudas a la compra de libros de texto y el complemento de la beca Erasmus, entre otras. Basta con echar un vistazo a los Presupuestos para ver las diferencias ideológicas, mientras el Presupuesto Asturiano eleva la partida destinada a becas y ayudas a estudiantes un 22% el Presupuesto del Estado para educación sufre un espectacular recorte del 18 %.
La educación pública es un instrumento básico para alcanzar la plena igualdad de oportunidades. En estos 30 años se ha conseguido una equidad que ahora el ejecutivo de Rajoy quiere cambiar para que unos/as pocos/as, lo/as que se lo puedan permitir económicamente, consigan una supuesta excelencia que lo único que hará será aumentar la desigualdad social y convertir la educación en un lujo para una minoría. Las Juventudes Socialistas de Asturias no queremos un acceso a la educación de dos velocidades. Apostamos por una educación pública, laica, de calidad, con garantías de futuro, que persiga la inclusión y el bienestar social y que en definitiva, asegure que una familia sin recursos pueda acceder a la misma en igualdad de condiciones que una familia adinerada.
Iván Allende
Secretario de Educación
